Gabriel Moreno González

Bolivia está viviendo momentos dramáticos, aún indefinidos en su alcance, que han alterado seriamente el orden constitucional vigente desde 2009 y que pueden provocar la desestabilización del país a largo plazo. Para comprender la situación hace falta contextualizar las decisiones y los hechos que han llevado a la salida del poder del Presidente Evo Morales y a una crisis de hondas repercusiones que parece retrotraernos a etapas indeseables y ya dadas por superadas en el continente americano.

La Constitución de 2009 y la presidencia de Morales supusieron un cambio de paradigma sin precedentes en el país, al dotarse el pueblo boliviano de un texto constitucional profundamente democrático. Por primera vez en su historia el país latinoamericano comenzó a integrar a sus pueblos indígenas en el proceso político y a reconocer sus culturas, lenguas y costumbres ancestrales, acabando con siglos y siglos de postergación. En el ámbito económico Bolivia inició un despegue que aún hoy asombra a muchos analistas, mejorando la calidad de vida de millones de personas y reduciendo drásticamente los seculares niveles de pobreza extrema y analfabetismo.

La propia Constitución recogió en su texto la necesidad de limitar los mandatos en un Estado en el que los líderes políticos han tendido históricamente a la perpetuación y al caudillismo. La raíz democrática de la norma, refrendada en su día por el pueblo boliviano, determina la imposibilidad de la reelección presidencial más allá de dos mandatos con el objetivo, manifiesto, de salvaguardar la propia democracia de las tendencias indicadas. La caída del apoyo masivo que recibía en sus primeros años Evo Morales y su partido, el MAS, se debe no solo a múltiples errores de calado en su administración y a un progresivo deterioro de la institucionalidad constitucional y la división de poderes, sino también, y sobre todo, a la pretensión del Presidente de mantenerse en el poder contra esa limitación constitucional. Para intentar eliminarla propuso una reforma constitucional que fue rechazada por los bolivianos en referéndum el 21 de febrero de 2016, decisión que venía a reiterar y reforzar la prohibición constitucional de la reelección. De este modo Morales tenía (y tiene) doblemente prohibida su postulación para las elecciones generales de 2019: tanto por el mandato de la Constitución como por la voluntad expresa del pueblo manifestada en el referéndum. A pesar de ello, y contra toda lógica democrática y jurídica, los intentos de perpetuarse en el poder continuaron y llegaron hasta el Tribunal Constitucional, que en una decisión insólita decidió suspender la aplicación de los artículos de la Constitución que establecían la limitación de mandatos. La Sentencia, que hemos analizado en profundidad en un estudio académico, carece de fundamentación jurídica y pretende sustentarse en un hipotético e inexistente derecho humano a la reelección que existiría por encima de la propia Constitución y de las decisiones soberanas de los bolivianos. Tal infamia con revestimiento jurídico sitúa al Tribunal en una esfera ajena a la norma que en teoría debería proteger y, lo que es aún peor, ajena también al titular del poder constituyente que le da legitimidad y carta de existencia.

A pesar de su abierta inconstitucionalidad, la Sentencia permitió a Morales la repostulación, despertando una amplia campaña en contra alrededor del lema “Bolivia dijo no” a la que se sumaron, además, parte de los sectores indígenas. La ilegitimidad de la candidatura presidencial y la obcecación del Presidente por mantenerse en el poder político a toda costa, contra su Constitución y la decisión de su pueblo, es el elemento excepcional en la postura de los actores que están actuando en esta crisis, despertando un cruce de ausencias radicales de reconocimiento mutuo que pueden terminar socavando, aún más, el frágil Estado democrático y de Derecho boliviano. Si las elecciones eran ya de por sí contestadas por la repostulación ilegítima de Morales, las sospechas de manipulación en el conteo, interrumpido abruptamente en medio del escrutinio, no han hecho más que agravar una situación que ya era insostenible desde el inicio.

Todo ello no justifica, sin embargo, la nueva ruptura que se está produciendo, con pronunciamiento militar incluido al inicio, pues no debería en ningún caso intentar restaurarse la supuesta vigencia del Estado de Derecho precisamente acabando con su elemento más esencial, como es la ausencia de violencia y la conducción jurídicamente articulada del conflicto. La persecución a líderes políticos, la intervención de los militares y la policía y la irrupción de algunos actores civiles de ultraderecha, son incompatibles con la democracia y con la propia Constitución boliviana que se dice defender. Asimismo, resulta preocupante el intento de ilegalizar al MAS por parte de algunas plataformas, fallido gracias al Tribunal Electoral que esta vez ha sabido hacer respetar el texto fundamental. La reelección era ilegítima, sí, pero ilegítimos son también todos los cambios de poder que se producen fuera de los cauces pacíficos y constitucionalmente previstos. Por ello se hace perentoriamente necesaria una vuelta inmediata al cumplimiento estricto de la Constitución, así como la celebración urgente de unas elecciones libres y con garantías, donde el MAS, con otro candidato, pueda postularse en pie de igualdad y seguir representando a amplios sectores de la sociedad boliviana. Y se hace nuevamente necesario recalcar que el cumplimiento de la Constitución implica, como no podría ser de otro modo, el rechazo de cualquier medio alternativo de sustituirla ilegítimamente o de evadir sus procedimientos de reforma, como ya se está planteando desde algunos ámbitos. No sería lógico ni coherente vulnerar la Constitución y sus previsiones esenciales (las de reforma lo son), que garantizan su democraticidad, cuando el origen del nuevo poder político intenta fundarse en la defensa, precisamente, del orden constitucional que se entendió conculcado.

Evo podría haberse retirado desde el principio para permitir su sucesión en el seno del partido y del Estado, apartándose de la primera línea política como uno de los grandes líderes de Latinoamérica gracias a sus indudables logros económicos y sociales, pero decidió imitar a aquellos a los que tanto ha criticado: a quienes quieren mantenerse en el poder subvirtiendo la Constitución y la voluntad soberana del pueblo. No es una mácula trivial, ni un error pasajero, pues de momento ha alentado una situación insostenible, de cruce y negación de legitimidades, que pone en entredicho el proyecto político de inclusión y transformación que se inauguró en 2009 y que, esperemos, termine prevaleciendo.